Sí, el título es deliberadamente fuerte. La situación también lo es.
Guadalupe Taddei y las consejerías que han sostenido sistemáticamente una conducción complaciente con el gobierno deben irse.
No todas. Algunas consejerías han defendido la autonomía del Instituto y han advertido públicamente sobre los riesgos de la elección de 2027. Pero Taddei y el bloque que ha respaldado sus decisiones ya no ofrecen la garantía esencial que justifica su permanencia: la confianza de que actuarán con independencia cuando una determinación afecte al gobierno o a su partido.
No se trata de una votación aislada ni de diferencias legítimas de criterio. Se trata de un patrón: la sobrerrepresentación legislativa; la convalidación de una elección judicial plagada de irregularidades; la reducción de controles para seleccionar a quienes integrarán las casillas; la apertura de la observación electoral a personas vinculadas con estructuras gubernamentales; la aceptación de boletas “planchadas”; la tolerancia frente a actos anticipados, y el debilitamiento de la colegialidad. Cada decisión puede analizarse por separado. Juntas revelan una orientación.
A ello se suma una estructura ejecutiva debilitada. Taddei ha utilizado facultades extraordinarias para realizar nombramientos sin construir los consensos que antes exigía la ley. El resultado no es una institución fortalecida, sino una estructura integrada durante largos periodos mediante encargadurías, sustituciones y perfiles cuestionados.
Existen, además, observaciones sobre contrataciones y denuncias públicas relacionadas con su entorno. No afirmo que exista corrupción probada; los señalamientos deben investigarse y aclararse. Quien preside el árbitro electoral tiene una obligación reforzada de transparencia.
¿Por qué deben irse ahora? Porque la confianza en una autoridad electoral debe existir antes de la jornada, no reconstruirse después de una crisis poselectoral.
El deterioro tampoco es sólo una percepción interna. V-Dem ubica a México como una autocracia electoral; IDEA Internacional registra retrocesos en elecciones creíbles e independencia judicial, y Freedom House mantiene al país como parcialmente libre. Podrán discutirse sus metodologías, pero no la coincidencia de sus alertas: ante el mundo, nuestra democracia se ha debilitado.
En plena revisión del T-MEC, gobiernos e inversionistas no miran únicamente aranceles o cadenas productivas. También evalúan certeza jurídica, Estado de derecho y estabilidad institucional. El tratado no califica formalmente nuestra democracia, pero la confianza económica también descansa en la confianza política. Las elecciones de 2027 serán una prueba de la capacidad de México para cumplir reglas y respetar resultados.
México ya enfrentó dilemas semejantes. En 1994, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, se sustituyó a la totalidad de los consejeros magistrados por seis consejeros ciudadanos, se les otorgó la mayoría en el Consejo General y se eliminó el voto de los partidos. En 1996, el Ejecutivo salió definitivamente de la conducción del IFE.
Después de la elección presidencial de 2006 ocurrió otra recomposición. La reforma constitucional de 2007 sustituyó al consejero presidente y ordenó renovar todas las consejerías electorales. Fue una renovación escalonada, pero integral. En ambos momentos, México entendió que las crisis de confianza no se resolvían con discursos ni ajustes cosméticos: exigían cambiar a quienes arbitraban las elecciones.
Eso necesitamos nuevamente. No una purga ni una revancha, tampoco una sustitución controlada por la mayoría gobernante. La recomposición debe realizarse mediante procedimientos constitucionales, públicos y transparentes; con un acuerdo nacional plural, perfiles técnicamente acreditados y garantías reales de independencia.
La elección de 2027 ocurrirá en un contexto de violencia criminal, intervención gubernamental, campañas anticipadas y debilitamiento institucional. Frente a mayores riesgos necesitamos más controles, más profesionalismo y más inteligencia electoral. No menos.
Pero esta recomposición no ocurrirá por voluntad de quienes se benefician del debilitamiento del árbitro. Debemos exigirla las y los ciudadanos.
La defensa del INE no pertenece a un partido, una organización ni una corriente política. Tampoco significa defender a quienes ocupan temporalmente sus cargos. Significa proteger nuestro derecho a votar en elecciones auténticas, organizadas por una autoridad independiente y capaz de resistir las presiones del poder.
No defendemos un edificio, unas siglas ni los cargos de once personas. Defendemos una institución construida durante décadas para que los gobiernos dejaran de organizar las elecciones.
Esperar a que estalle el conflicto es irresponsable. Taddei y su camarilla se tienen que ir. No como castigo por pensar distinto, sino como consecuencia de decisiones, nombramientos y omisiones que han colocado al INE bajo sospecha antes de la elección.
Defender al INE hoy exige impedir que sea vaciado desde dentro.
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