Cuando se derrumbó el muro de Berlín en 1989 se inauguró una época de reacomodos geopolíticos de enorme trascendencia: fin de la guerra fría, ascenso de las democracias, liberalización del comercio mundial incluida China; consenso de Washington y expansión del capitalismo con modalidades múltiples, etc. Al mismo tiempo en México estábamos saliendo de tres crisis económicas en apenas doce años (1976, 1982 y 1988) producto del agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario. Tiempos difíciles pero cargados de optimismo.
El gobierno de Carlos Salinas vio una oportunidad en la coincidencia de la nueva geografía política del mundo con el quiebre de la economía mexicana fundada en el estatismo y el proteccionismo. Propuso la integración de México a la economía de Norteamérica vía la negociación del TLC. Era una decisión correcta y una apuesta arriesgada pensando en darle viabilidad de largo plazo no sólo al aparato productivo sino al país entero. Suponía modernizar la economía abriéndola, pero implicaba muchos cambios políticos y sociales extras: abandonar el pensamiento político lleno del mito de la revolución mexicana (nacionalismo, corporativismo, entre otros), el crecimiento de las clases medias, y tarde o temprano, entrarle a la transición democrática, aunque eso nunca estuvo en el menú oficial.
Aunque la integración económica dejó mucho que desear (la economía se partió en dos: un sector moderno, exportador, con reglas claras, cumplimiento de contratos y una inmensa economía informal, caracterizada por la improductividad y la extorsión, como lo ha señalado Claudio Lomnitz y el reparto de costos y beneficios no fue el óptimo) vista a la distancia fue un cambio estratégico exitoso. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, Con todos sus defectos (no haber intentado más la integración de los mercados laborales o el sector energético), a México le ha ido mejor con el TLC que si no se hubiera firmado. Seríamos mucho más pobres y tendríamos menos capacidades económicas, políticas, sociales para pensar en una nueva etapa de desarrollo del país.
Pero esa oportunidad no se la regalaron al país; Salinas y su equipo la identificaron y trabajaron para hacerla realidad. Sin embargo, lo brillante y competente del gobierno no impidió que su visión estratégica se quedara corta al haberla decidido e impulsado desde las élites políticas y económicas; no se abrieron a otras perspectivas y puntos de vista que proponían completar la modernización económica con transición política y con enfoques redistributivos más eficaces.
2026 es otro momento de redefiniciones geopolíticas profundas, de ruptura del orden internacional. Mark Carney planteó con crudeza que EU ha dejado de ser un socio confiable y es necesario redefinir alianzas y estrategias de desarrollo con una combinación de principios y pragmatismo; y comenzó a hacerlo: se acercó a China. México enfrenta el mismo dilema: nuestra apuesta a la integración económica con Norteamérica como fundamento de la viabilidad del país está en entredicho, no sólo porque ahora EU sólo defenderá sus intereses, no los de sus socios, sino peor, porque considera a México como una amenaza a su seguridad nacional.
Eso no significa que nos olvidemos de Norteamérica, pues la integración económica existente no desaparecerá de golpe; es tan profunda que no depende únicamente de los vaivenes políticos y también es posible que algo del T-MEC permanezca, pero las coordenadas del futuro ya serán otras. Hemos entrado a un mundo en que las pocas reglas que operaban han perdido todavía más relevancia (que no era mucha, pero sí ayudaron a dar estabilidad durante varias décadas) y hay nuevas potencias que se disputan el mundo.
Urge, pues, otro esfuerzo similar al que hizo el gobierno salinista: hay que buscar, encontrar y luchar por hacer realidad una nueva propuesta de desarrollo para México, con visión de mediano y largo plazo; redefinir el tipo de economía que necesita el país (además de ese sector externo competitivo) y atender los requerimientos y el financiamiento en materia de capital humano, de infraestructura, de desarrollo científico y tecnológico, de seguridad, Estado de derecho e instituciones democráticas (sí, hay que volver a democratizar el país).
Pero a diferencia de la apuesta salinista, ni hay que reducirlo a lo económico, ni la propuesta debe hacerse sólo por los expertos y las élites económicas y políticas, sino por toda la sociedad y todos los actores políticos, económicos y sociales.
Por desgracia el gobierno de Sheinbaum está más interesado en regresar a México a la prehistoria (de eso se trata la reforma electoral) que convocar a un diálogo nacional sobre el futuro del país. La obsesión de la 4T por eternizar su poder, excluyendo al resto de la sociedad, le impide reconocer que para enfrentar con éxito la crisis mundial que se avecina es indispensable que haya unidad nacional (la que han destruido). Esa miopía y soberbia la pagaremos muy caro los mexicanos.
Sin embargo, la sociedad civil entera puede y debe convocar a que universidades, organizaciones empresariales, medios de comunicación, iglesias, sindicatos, productores agropecuarios, etc., inicien un diálogo. Repensar a México, todo México y todos.
