La relación de México con Estados Unidos atraviesa uno de sus peores momentos, más allá de los gestos diplomáticos y las llamadas cordiales. En realidad, más que "estar sentados a la mesa”, estamos en el menú, como haría notar el primer ministro canadiense. A diferencia de la posición que tenía nuestro país en el histórico TLCAN, cuando éramos un proveedor de petróleo altamente confiable, ahora enfrentamos una elevada dependencia de gas natural importado, sin haber construido capacidad de almacenamiento suficiente. Así, con la revisión del T-MEC en 2026 —o renegociación, dependiendo del humor del vecino— México llega en una posición particularmente endeble.
La administración anterior permitió que la agenda bilateral mezclara el comercio con los asuntos delicados la seguridad y la migración. Si Trump 1.0 aprendió a usar los aranceles para amenazar en materia migratoria, bajo Trump 2.0 esa lógica se ha extendido al ámbito de la seguridad. Este se ha convertido en el frente más crítico: la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) ya no es una advertencia retórica, sino una amenaza creíble de intervención. Para el sector privado, esto implica que la extorsión o el "cobro de piso" pueden ser interpretados como "apoyo material" al terrorismo (18 U.S.C. § 2339B), con el riesgo de cierre de cuentas bancarias y sanciones penales de la OFAC.
Ejercer la soberanía real exige recuperar el control territorial, al menos el de las carreteras, y concentrar a las Fuerzas Armadas en su función constitucional. Es un auténtico insulto al Ejército y a la Marina usarlos en la construcción de infraestructura civil, exponiendo su prestigio a accidentes por fallas operativas. A la administración de Claudia Sheinbaum le corresponde garantizar, sin ambigüedades, que está del lado de la seguridad física y patrimonial de los mexicanos.
En materia económica, el talón de Aquiles es la energía. La contrarreforma energética fue un error garrafal, más aún cuando la hacienda pública recurre al endeudamiento para sufragar su operación. México depende del gas importado para generar el 58% de su electricidad; mientras Texas tiene almacenamiento para 60 días, nosotros apenas contamos con 2.4 días en sólo tres instalaciones. Un frente frío o una decisión política en el norte pueden paralizar al país. Una reducción de la exposición al riesgo de alta dependencia con EU -"de-risking"- exige inversión urgente en almacenamiento y diversificación, no sólo discursos de soberanía energética.
El frente fiscal es igualmente preocupante. Cerramos 2025 con una deuda neta de 53.6% del PIB. Más alarmante aún es que el costo financiero de esta deuda, de 1.3 billones de pesos, se hace a expensas de la salud, la educación y la infraestructura. No hay margen para proyectos faraónicos que nos cuestan por partida doble: en intereses por deuda utilizada en infraestructura estéril y en subsidios para que operen. Nuestra estabilidad financiera hoy también cuenta con acuerdos de liquidez (swaps) por 12 mil millones de dólares con el Tesoro y la Fed, pero este apoyo podría condicionarse a otros temas de la agenda.
México necesita fortalecerse desde adentro. Es indispensable hacer del crecimiento económico un objetivo que a todos nos una. Con el 0.5% de crecimiento en 2025 no se llega muy lejos. Para dejar de "estar en el menú", el Estado debe garantizar seguridad jurídica y física, redirigir el gasto a la inversión productiva y recuperar la eficiencia institucional. Sólo un México con una hacienda pública sólida, energía segura y control territorial podrá sentarse a revisar el T-MEC en julio de 2026 con dignidad y no desde la necesidad.
Cada error de la política económica nos deja más expuestos frente a Estados Unidos. Estos son tiempos de reducir esa exposición al hegemón, no de profundizarla.
