Iniciativa. “Ahogado el niño”, empieza el refrán -aplicable al alto costo para el régimen de las evidencias de poderes políticos fusionados con poderes criminales- “a tapar el pozo”, concluye el dicho, a su vez aplicable -desde la ingenuidad- a la iniciativa presidencial dirigida, supuestamente, a evitar, en adelante, la postulación de candidatos vinculados a los cárteles.
¿Distancia de la podredumbre? Pero no se trata de tapar el pozo. Lo que deja ver el texto es: 1) un intento de control de los daños autoinfligidos por el régimen por su connivencia con las bandas criminales, puesta en la marquesina global por la formal acusación estadounidense al gobernador de Sinaloa y su gang, y el anuncio de que la lista sigue y es larga. Sólo que este intento, 2) en el mejor de los casos, revelaría un dudoso propósito de enmienda para el futuro. Y, en el peor, una coartada para continuar la protección y el encubrimiento de políticos y funcionarios criminales empotrados en su régimen.
Los candidatos y sus mandos. Parecería, además, 3) una maniobra para fabricar la ilusión de que la presidenta toma distancia pública de la podredumbre de su grupo, puesto que firma la proscripción de dar candidaturas a narcos y huachicoleros, extorsionadores y secuestradores. El detalle es que no las necesitan. Les basta con financiar, despejar violentamente el camino de competidores y dominar poderes políticos regionales con el mando de su personal desde que son candidatos a puestos de elección.
La oferta. La oferta de la iniciativa es crear en el INE, ya bajo control del régimen, una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, cuyas decisiones serán alimentadas por entidades de corte policial, dependientes, también del régimen. Y, 4) la experiencia dicta que esa comisión será indulgente con los suyos y vetaría candidaturas valiosas de la oposición.
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