La salida de Nicolás Maduro del poder —forzada por su captura por Estados Unidos— no ha inaugurado la transición democrática que muchos anticipaban. Lejos de colapsar, el chavismo se replegó, se reorganizó y sigue controlando el gobierno. La estructura política no se desarticuló con la salida del jefe del Ejecutivo, se reacomodó para sostener la continuidad del sistema.
Ese hecho activa un problema constitucional. El artículo 233 de la Constitución venezolana establece que, ante una “falta absoluta” del presidente —por renuncia, destitución o incapacidad permanente— debe activarse una transición que culmine en elecciones dentro de los 30 días siguientes al hecho. Aunque ninguna carta magna prevé la extracción de un mandatario por una potencia extranjera, supuestos como el "abandono del cargo" o “incapacidad” existen precisamente para habilitar la transición en crisis excepcionales.
En una democracia con contrapesos efectivos, los jueces interpretan la Constitución; no crean figuras ajenas a ella. Su actuación está acotada por el propio texto y por criterios jurídicos que impiden convertir la ley en un instrumento a la medida del gobernante. El problema surge cuando esa interpretación queda en manos de órganos capturados políticamente: la lógica jurídica se sustituye por una lógica de poder y la ley se utiliza para blindar a quienes gobiernan.
Eso ocurrió en Venezuela. El sistema utilizó tramposamente la ausencia de una declaratoria formal como justificación para no activar el mecanismo constitucional, a pesar de que el plazo de 30 días deriva directamente de la falta absoluta y no de su reconocimiento posterior. En lugar de aplicar la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia introdujo la figura de la “ausencia forzosa”, inexistente en el texto constitucional, para sostener que el plazo no estaba en curso. Con esa interpretación, se congeló el calendario electoral, se bloquearon las elecciones y se impidió la alternancia en el poder.
Venezuela no es una crisis ajena, sino un espejo para México. El autoritarismo moderno ya no requiere tanques para derrocar la democracia; basta con capturar el lenguaje de la ley. El riesgo actual en las democracias no es un golpe militar, sino un resquebrajamiento institucional quirúrgico, donde el poder coloniza las instituciones y, en particular, los tribunales. Así, la Constitución deja de proteger al ciudadano y pasa a operar como instrumento del poder en su contra.
Cuando un gobierno logra que sus afines interpreten la ley “a modo” para desvirtuarla, la democracia muere por vía legal. Lo ocurrido en Venezuela demuestra que, una vez que la máxima instancia judicial se convierte en la oficina de trámites de un partido, la alternancia se vuelve imposible.
Para México, la lección es vital: la democracia no se defiende solo en las urnas, sino en la autonomía innegociable de sus instituciones y, en especial, de la judicatura. Estos organismos no deben responder al poder en turno, sino a los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños del poder público. Cuando la Constitución se interpreta al capricho de quien manda, deja de ser un escudo para volverse un arma en contra del ciudadano.
Ante este despojo, el ciudadano no puede ser un espectador pasivo. La defensa exige denunciar el abuso por su nombre, articularse en organizaciones civiles para respaldar a jueces íntegros y agotar el litigio estratégico, desde el amparo hasta las cortes internacionales. El espejo venezolano advierte que el fin de la libertad se disfraza de legalidad: una sentencia que suena a derecho, pero es un golpe al corazón democrático. Evitarlo exige entender que la última instancia de apelación no es un tribunal, sino la vigilancia insobornable de la sociedad.
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