La memoria advierte que el poder sin límites devora la vida privada. En México, el baluarte judicial que protegía al ciudadano ha caído. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, es el cierre de una pinza legal y perversa que comenzó a forjarse en junio de 2024 con la reforma a la Ley de Amparo. El ciudadano está desnudo frente al Leviatán; las épocas más oscuras del autoritarismo latinoamericano están de regreso.
El argumento de la Corte, que califica el bloqueo como una "medida administrativa preventiva", es en la práctica una sentencia de muerte civil. Al eliminarse el control judicial previo, el Estado ya no necesita probar un delito, le basta la sospecha de un burócrata leal al oficialismo. Esta vulnerabilidad se agrava con la persecución y la saña fiscal del SAT contra las asociaciones civiles incómodas al gobierno, a quienes se asfixia impidiéndoles recibir donativos y operar financieramente.
Sin asociaciones fuertes y con las cuentas congeladas, el ciudadano pierde su defensa colectiva. Tras las reformas al amparo, los juicios ya no ofrecen la protección inmediata de la suspensión, dejando al afectado sin recursos para costear una defensa legal frente al Estado.
Lo más alarmante es la asimetría en el uso de estas herramientas. Mientras grupos criminales y redes de financiamiento político afines al poder —como La Barredora— gozan de una invisibilidad financiera envidiable, la UIF se transforma en un mecanismo de doble control: actúa como garrote para críticos y como escudo de impunidad para aliados.
Si canjeamos la presunción de inocencia y el debido proceso por una falsa "eficacia" administrativa, renunciamos a la República. Sin jueces que se interpongan entre el ciudadano y el brazo financiero del Estado, el futuro se perfila como un espacio donde la libertad dependerá de la voluntad del Ejecutivo. Mañana, para silenciar a la oposición, no harán falta cárceles; bastará con apretar un botón en Hacienda para borrar a un ciudadano del sistema.
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