La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos no es un documento técnico más. Es uno de los textos clave para entender hacia dónde se dirige la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Debe leerse junto con otras piezas de la arquitectura estratégica de Washington: la doctrina America First aplicada a la seguridad hemisférica, bajo la cual migración irregular, narcotráfico, crimen organizado e injerencia extranjera son tratados como amenazas directas a la seguridad nacional; la orden ejecutiva 14157, que abrió la puerta para tratar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras; la designación de varios cárteles mexicanos —entre ellos el de Sinaloa y el CJNG— bajo esa categoría, y la Estrategia Nacional de Contraterrorismo, que redefine a estas organizaciones como amenazas prioritarias y amplía el margen de acción en inteligencia, presión financiera, coerción y coordinación internacional.
El cambio es profundo. La estrategia antidrogas reconfigura la separación tradicional entre seguridad y comercio, al integrar cadenas de suministro, mecanismos de comercio confiable, cooperación internacional y combate al narcotráfico en una misma lógica de seguridad. En la práctica, cualquier relación económica con Estados Unidos quedará condicionada por criterios de seguridad nacional.
Esta nueva métrica vuelve a México especialmente vulnerable. Por un lado, es el principal corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos; por el otro, uno de sus socios económicos más integrados. El creciente condicionamiento de la relación económica a criterios de seguridad tensiona directamente la relación bilateral, dada la limitada capacidad —y voluntad— del Estado mexicano para combatir real, efectiva y sostenidamente al crimen organizado, hoy determinante para la relación comercial con Estados Unidos.
El problema es que mientras Washington endurece su doctrina de seguridad, el grupo político gobernante en México se enfoca más en consolidar su control político. El debilitamiento deliberado de contrapesos institucionales, organismos autónomos, fiscalías y del Poder Judicial erosiona directamente la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar al crimen organizado, lo que vuelve estructuralmente difícil cumplir con las crecientes demandas estadounidenses.
Pero Washington ya no solo percibe que México carece de capacidad y/o voluntad para combatir al crimen organizado. También ha ganado fuerza la percepción de que el aparato político mexicano está tan colonizado por el crimen organizado que un combate real contra los cárteles sería políticamente inviable por chocar con intereses de la élite gobernante. Eso ha acelerado la construcción de instrumentos que permitan acciones unilaterales si México no puede o no quiere actuar.
Este cambio de percepción en Washington también pone en duda a México como socio confiable de largo plazo dentro del nuevo enfoque de seguridad hemisférica y presiona la estabilidad futura del T-MEC. Aunque el tratado se mantendrá por ahora por su utilidad económica para ambas partes, Estados Unidos ya cuenta con herramientas para reducir su dependencia de México mediante reshoring, incentivos fiscales y la automatización de cadenas de valor mediante inteligencia artificial. Paralelamente, el T-MEC podría ir perdiendo peso mediante revisiones, restricciones regulatorias, aranceles y mayores condicionamientos políticos.
Ello abre una etapa bilateral más transaccional y menos previsible, donde la estabilidad de la relación ya no estará dada, sino condicionada al desempeño de México en seguridad. Si la clase gobernante mexicana insiste en administrar esta etapa con retórica soberanista y cooperación limitada, ignorando la asimetría con Estados Unidos y priorizando su consolidación política sobre el interés estratégico del país, terminará debilitando la relación económica más importante para la competitividad de México. El resultado será un deterioro sostenido de la capacidad del país para decidir en materia de seguridad, desarrollo y política económica, con efectos directos sobre su soberanía efectiva y el bienestar de millones de personas.
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