No existía un modelo así en México, ni siquiera parecido. Lo implementó López Obrador, probablemente inspirado en estrategias de comunicación observadas en líderes de otros países. Comenzó a probarlo en el año 2000, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siguió con él, vitaminado, al llegar a la Presidencia, y se lo heredó a su sucesora política, Claudia Sheinbaum. Hablo de las mañaneras y de todo el aparato de propaganda y comunicación del régimen morenista.
Lo traigo a cuento ahora que está instalado como tema de coyuntura el escandaloso intento del gobierno de Sheinbaum por regular los contenidos en medios de comunicación, prensa y redes sociales, todo amparado bajo el pretexto de proteger los derechos de las audiencias.
Como respuesta a esa intentona de imponer lineamientos so pena de multas, de erigirse como poseedor de la verdad, de diferenciar permanentemente noticia de opinión y otras intenciones más, se ha repetido hasta el cansancio que esas reglas deberían aplicarse también a la mañanera y a toda el aparato de comunicación del gobierno federal, que por cierto también replican los gobiernos locales.
Y es que la mañanera nunca ha sido una obligación legal. No existe en ninguna ley como ejercicio de rendición de cuentas. Nació de la necesidad del líder máximo del morenismo, Andrés Manuel López Obrador, de dar su versión de los hechos y comunicar su gobierno bajo su propio diseño y sus propias condiciones. La nueva dinámica dejó atrás las entrevistas banqueteras, las aisladísimas ruedas de prensa y el complicado encuentro entre autoridades de alto nivel y medios. Instaló su propio escenario, con sus micrófonos, e impuso los temas y las formas de comunicarlos. Un éxito en términos de comunicación política.
Y cómo no iba a serlo, si lo aceitaron con presupuesto público prácticamente infinito, lo que les permitió armar una estructura de personal en Presidencia, en dependencias, en medios públicos y todo un ecosistema de replicadores en medios y redes. A eso se sumó el posicionamiento de nuevos periodistas y analistas, acomodados con estrategia y colados a modo entre los profesionales serios del gremio, para hacerse pasar por voces nuevas que sumaran a la agenda pública. Una especie de medusa propagandística, de gasto millonario y alcance aterrador.
Pero eso no es lo peor. Con cargo al erario, ese aparato se dedica a violar derechos de opositores exhibidos y culpados, convirtiendo el espacio cotidiano de información en ministerio público y tribunal, donde cualquiera que incomode al régimen corre el riesgo de quedar expuesto ante millones de espectadores en vivo, para después ser machacado por bots, influencers y periodistas a modo que repiten el señalamiento durante días. En esa exhibición pueden filtrarse datos personales, desde teléfono y domicilio hasta correo, ingresos y declaraciones de impuestos. En esa bolsa caben periodistas, comunicadores, analistas, activistas y políticos.
Si usted no es adversario, se salva de los señalamientos, pero no de la desinformación, esa cascada de cifras falsas, datos alterados, versiones tendenciosas, medias verdades, mentiras completas, gráficas manipuladas y narrativas repetidas ad nauseam para esconder incapacidad y corrupción. Así engañan a la audiencia, a su electorado y a la población entera.
Ni qué decir de las campañas, otra vez con cargo al erario, para desacreditar instituciones públicas construidas tras décadas de trabajo legislativo en defensa de derechos, y que terminaron estigmatizadas para justificar su desaparición. Así vimos morir al Inai, al IFT, y a una larga lista de instituciones que velaban por los derechos de la ciudadanía.
Se me olvidaba. Son ellos mismos quienes ahora se dicen defensores de los derechos de las audiencias y quieren regular, desde el poder, a los medios, a las redes sociales y a la prensa. Exigen veracidad, objetividad y responsabilidad editorial a todos, menos a sí mismos. Las mañaneras seguirán. Que alguien nos diga quién nos defiende de ellas.
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