El dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de atribuciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias por “la sospecha” de actividades delictivas mayores, es colocar una bomba de tiempo en lo que respecta a la seguridad jurídica y la confianza. Esto es así, porque a partir de la resolución de la SCJN los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no requieren de autorización previa alguna. Por supuesto que nadie estaría en contra de que se suspendan los flujos …
